El corrimiento del narco mexicano, que nadie quiso ver

Los primeros indicios del corrimiento del narcotráfico de México a Guatemala llegaron durante el Gobierno del presidente Berger. Al ex mandatario se le presentaron informes de Inteligencia de varios países, que revelaban que en Petén y oriente la actividad crecía, acompañada de una alarmante violencia.

Cuando el tema salía a luz pública, ex funcionarios de esa administración movían toda su estructura de medios, desde un edificio de la 13 calle, para minimizar el tema, porque ese ambiente era muy negativo, por los señalamientos contra personas muy cercanas al ex Presidente.

Aun así, los funcionarios de la Gana no lograron evitar el impacto de las acciones del narcotráfico mexicano en Guatemala. Una de esas pruebas es el asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlacén.

Más de un año después los medios siguen manejando que fue una acción que involucraba a policías y narcos locales. Se señalaba un ajuste de cuentas contra al menos uno de los políticos salvadoreños involucrado con un exdiputado condenado a 29 años de cárcel en Nueva York, luego de ser encontrado culpable de trasegar drogas a Estados Unidos.

Es decir, Guatemala y el resto de países de Centroamérica vivían la violencia del narcotráfico desde muchos meses atrás. “Hemos detectado la presencia de miembros del Cártel de Juárez que están trabajando con el Cártel del Valle, lo que para Costa Rica significa un quiebre de toda la seguridad”, declaraba en septiembre del año pasado Francisco D. Ruiz, Fiscal General costarricense.

También Nicaragua reconoció las consecuencias que ya vivían por la presencia de las organizaciones criminales de México. El jefe de las fuerzas armadas nicaragüenses confirmó la llegada de células del Cártel de Sinaloa, cuyo mayor peligro lo constituyó la amenaza contra jefes de la Policía. Sus cabezas tenían precio para el narco.

El general Omar Hallesleven, jefe de las Fuerzas Armadas explicaba en agosto del año pasado: “Estos cárteles como el de Sinaloa y otros más que operan en México, son organizaciones fuertes, con mucho dinero, con muchos recursos”.

En diciembre, en Panamá se desbarató otra célula manejada por mexicanos e integrada por panameños, entre quienes se encontraban más de 20 empleados públicos, a saber, policías, agentes de migración y de aduanas.

Es decir, Centroamérica tuvo pruebas del corrimiento de estas organizaciones desde hace mucho tiempo; la diferencia fue que en el resto de países del área se reconoció su presencia, mientras en Guatemala, desde la 13 calle, se minimizó su impacto y ahora vivimos las consecuencias.

El problema es tan grave, que en la operación del martes 25 en Río Hondo, Zacapa, participaron estructuras medias del alto mando de una de las organizaciones de México. Una fuente del Ministerio Público reveló que hay posibilidades que “rebasan el 75%, de que alguien entre los detenidos que tiene un nivel, aunque no altísimo para considerarlo un capo, sí dentro de la estructura, podría ser una importante captura en México”.

Desde luego que la administración de Óscar Berger tenía sus “razones” para evitar que ese tema, el de la presencia de los cárteles internacionales en Guatemala, fuera minimizado. No recordaron que; “cuando el río suena, es porque piedras trae”.