Una historia de impunidad

La historia en Colombia de la compañía Chiquita Brands International se remonta a comienzos del siglo pasado, cuando se instaló en la zona de Ciénaga bajo el nombre de United Fruit Company. A mediados de la década del noventa, su filial, Bananos de Exportación S.A., conocida como Banadex, poseía el control absoluto de la actividad económica en Urabá y en Ciénaga, como dueña de una infraestructura que incluía un puerto exclusivo en Turbo y una flota que unía a todas las plantaciones con el mercado internacional. Por esa misma época, una comisión de investigación en Estados Unidos detectó sobornos a funcionarios colombianos. Pese a que en 1998 el caso fue denunciado ante la DIAN, la directora de entonces, Fanny Kertzman, ordenó el archivo definitivo de la investigación.

Pero Banadex no sólo sobornaba a funcionarios locales. También pagaba dineros a los grupos armados ilegales que operaban en sus zonas de comercio. Primero a las Farc y al Eln y desde 1997 a los grupos paramilitares. Ese mismo año se autorizó el funcionamiento de la Convivir Papagayo, a través de la cual se canalizaron los dineros para los paramilitares. Hasta febrero de 2004, Chiquita hizo pagos regulares a las Auc que totalizaron 1,7 millones de dólares. Los directivos de la multinacional sostienen que ya desde 2003 habían informado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que estaban financiando a grupos armados ilegales en Colombia para “proteger a sus empleados del riesgo que representaba para su seguridad el no hacerlo”.

Los hechos controvierten esa justificación. En noviembre de 2001, Banadex fue cómplice de un tráfico de armas a gran escala. A través de la zona aduanera exclusiva de Turbo ingresaron 3.400 fusiles y millones de municiones provenientes de Nicaragua, destinados a las Auc. Las armas que Chiquita ayudó a ingresar a Colombia sirvieron para que entre 1997 y 2004 los paramilitares desataran una sangrienta incursión en Urabá que dejó como saldo, según cifras oficiales, cerca de 60.000 desplazados, más de 3.700 asesinados y la perpetración de 62 masacres. Los trabajadores sindicalizados de la empresa y sus familias fueron gravemente afectados por esa violencia. Sintrainagro, una de las organizaciones sindicales, había presentado a Chiquita un pliego de peticiones para que se mejorara la situación laboral en Banadex.

Esta semana, un juez en Estados Unidos aceptó un acuerdo en el que se condena a Chiquita a pagar 25 millones de dólares a cambio de que los ejecutivos de la multinacional involucrados no sean objeto de cargos penales. Si bien es toda una novedad que haya habido al menos sanción, razón tienen las asociaciones de víctimas de los paramilitares en considerar que este acuerdo es un pacto de impunidad. Por eso exigen al Gobierno que solicite la extradición de los ejecutivos de la compañía responsables de tráfico de armas y concierto para delinquir. También han solicitado medidas para que Chiquita Brands no pueda volver a hacer negocios en el territorio nacional. La comisión de reparación, a su vez, ha reclamado a Estados Unidos los 25 millones de dólares para las víctimas aquí en Colombia.

Reclamos justos, pero sobre los cuales no existe mayor esperanza de que lleguen a cumplirse. No es la primera vez que quedan sin castigo penal crímenes contra la humanidad perpetrados en el país con la complicidad de esta compañía bananera. La palabra “masacre” comenzó a difundirse en el siglo XX en Colombia después de la matanza de los trabajadores de la United Fruit Company cometida en 1928 en Ciénaga. Y, todo parece indicar, esta historia de impunidad se seguirá repitiendo.