7/3/2018. I. Nuevo contexto, nuevas oportunidades para la mujer latinoamericana. La conmemoración de los 25 años de Casa de América, lugar que se ha consolidado, con el paso del tiempo, en el principal espacio de encuentro de los líderes y de las sociedades iberoamericanas, nos brinda una extraordinaria oportunidad para reflexionar sobre el devenir de nuestros países en el último cuarto de siglo. Hace 25 años, el mundo venía saliendo de una larga y tensionante Guerra Fría, y nuestra región dejaba atrás años oscuros de caudillismo y dictadura, en un proceso amplio —que involucró a otras regiones del planeta— que Samuel Huntington llamó la “tercera ola de democratización”1. En este contexto, la mayoría de nuestros países, junto con trabajar arduamente en la reconstrucción de las instituciones democráticas, retomó la preocupación por temas sociales de enorme importancia como la pobreza, la inclusión de amplios sectores de la población históricamente marginados, y de minorías igualmente segregadas. No es casual que, a partir de entonces, la pobreza y la indigencia se hayan reducido en forma tan significativa, en prácticamente toda Latinoamérica, y que los principales indicadores sociales en ámbitos como salud, educación e infraestructura básica hayan mejorado de manera tan ostensible. En el mismo sentido, esta etapa abrió nuevas oportunidades para impulsar el mejoramiento de la situación de la mujer y la equidad de género, objetivos que hasta ese momento habían dependido casi por completo de la capacidad de movilización de la sociedad civil, muchas veces enfrentada a la desidia e incluso a la oposición activa y frontal de los gobiernos, y a una cultura machista profundamente arraigada. Aunque cada país tiene su propia historia y, por lo mismo, no es fácil hacer generalizaciones, es posible afirmar que, una vez restablecida la democracia en la región, los esfuerzos desplegados por los movimientos sociales —especialmente los movimientos feministas— y por diversas Organizaciones No Gubernamentales, encontraron menos barreras y más apoyos institucionales. Ya sea por las convicciones de quienes fueron accediendo a los cargos de representación popular (vía elecciones democráticas), por las presiones sociales internas, o por el creciente compromiso y trabajo de la comunidad internacional, desarrollado principalmente en el marco de Naciones Unidas, las últimas décadas del siglo veinte trajeron consigo (a grandes rasgos y con significativas variaciones intrarregionales) un mayor involucramiento de los gobiernos y de las instituciones estatales en la labor de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de ampliar la participación femenina en todos los ámbitos de nuestras naciones, incluyendo los espacios de poder y toma de decisiones. De hecho, varios países de la región optaron, en esos años, por crear órganos ejecutivos dedicados específicamente a dichas tareas. En mi país (Chile), por ejemplo, en 1991, poco después de restituida la democracia, el gobierno de Patricio Aylwin creó un organismo especialmente concebido para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el Servicio Nacional de la Mujer, que sentó las bases de nuestro recientemente inaugurado (en 2016) Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. *El artículo completo de Michelle Bachelet forma parte del libro conmemorativo '25 años de Casa de América'. Se puede leer completo en el PDF adjunto.